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La psiquiatra solicitó la evacuación de los pacientes a otros centros de salud donde se les pueda garantizar un tratamiento óptimo. La respuesta del gobierno fue el traslado de la profesional a Sáenz Peña, como castigo por no adaptarse a las condiciones de irregularidad, hacimiento, aislamiento y abandono estatal.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Chaco denuncia la persecución laboral, ideológica y de género de autoridades del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental hacia la profesional afiliada Nuria Benítez, psiquiatra a cargo de la Comunidad Terapéutica La Eduvigis, por negarse a avalar las condiciones de precariedad y abandono estatal hacia trabajadores y pacientes de dicha institución.
“Dicen que apuestan al diálogo, dicen que buscan mejorar los servicios públicos, dicen que el Estado está de tu lado, pero una trabajadora advierte condiciones hacinamiento y abandono estatal en una institución de salud y la única respuesta es trasladarla a otra localidad para que no moleste, como represalia por defender los derechos de los pacientes y trabajadores”, remarcó el secretario general de ATE, Mario Bustamante.
Benítez se desempeñaba en el área de Salud Mental de Presidencia Roque Sáenz Peña hasta diciembre de 2016 cuando fue designada directora la comunidad terapética y traslada por resolución ministerial a la jurisdicción de Resistencia. No obstante, ni bien llegó se tuvo que enfrentar a las condiciones edilicias, laborales, sanitarias y humanas completamente adversas para desarrollar cualquier práctica de salud mental.
La profesional se encontró con una institución completamente anegada y en condiciones de precariedad, hacinamiento y abandono estatal, sin insumos básicos, ni mobiliario para el cuidado y protección que los pacientes necesitan. Al contrario de lo que marca la Ley de Salud Mental, la comunidad terapéutica La Eduvigis asila a los pacientes del contacto familiar sin permitir visitas o salidas terapéuticas debido a la imposibilidad del ingreso y egreso por la abnegación de los caminos, lo que deja también sin posibilidad de auxiliar a ningún paciente u profesional ante una eventual emergencia.
“Las salidas transitorias y el contactos con la familia es fundamental para el tratamiento de los pacientes, por lo que estas condicionen violaban los derechos a la salud mental de los internos. Según cuentan los y las profesionales, de vez en cuando algunos familiares entraban a pie, con medio cuerpo sumergido en el agua y corriendo riesgo de vida, para visitar al paciente y llevarle jabón e insumos de higiene que el Ministerio de Salud tampoco proveía”, remarcó.
Para poder llegar hasta la institución, los trabajadores y trabajadoras deben ser trasladados por grúas, sin contar los días de lluvia donde los caminos son intransitables y sólo pueden hacer la exposición policial de intransitabilidad, dejando a los pacientes totalmente aislados y abandonados. La inundación trajo además todo tipo de insectos, víboras y animales peligrosos y transmisores de enfermedades, con los que debían convivir pacientes y trabajadores.
Por ello, desde un primer momento a través de notas formales internas y reuniones con los directivos de Salud Mental, la psiquiatra solicitó el urgente traslad del funcionamiento de la comunidad terapúatica la Eduvigis a otro espacio físico donde se pueda brindar el servicio sanitario acorde sin poner en riesgo la vida de los pacientes y los trabajadores.
No obstante la respuesta de la ministra de Salud Mariel Crespo, la subsecretaria de Promoción de la Salud Miriam Machado y la directora de Salud Mental Marcela Ramírez fue la persecución laboral sistemática hacia la trabajadora que la llevó a una situación de estrés y desesperación tal que renunció al cargo de directora (para no avalar ni legitimar el accionar lamentable del gobierno que viola todos derechos a los pacientes y trabajadores) y solicitó el traslado a cualquier otra institución de salud mental de Resistencia.
“Como profesional de la Salud Mental con convicciones, Benitez sentía que no podía seguir legitimando esta desidia estatal hacia los pacientes a los cuales no podía ayudar como directora de la comunidad terapéutica porque no contaba con las condiciones mínimas e indispensables que el gobierno debería haberle garantizado”, advirtió.
Profesionales objeto de uso y desuso del gobierno
Ante los reiterados pedidos de Nuria Benítez de evacuar toda la comunidad terapéutica a otros centros para garantizar un tratamiento óptimo de los pacientes, acorde a lo que establece la Ley de Salud Mental, el Ministerio de Salud resuelve trasladarla compulsivamente a Presidencia Roque Sáenz Peña, como medida disciplinar ante su negativa de adaptarse a las condiciones de irregularidad.
“El sindicato no va a permitir ningún tipo de represalia a una profesional por defender los derechos de los pacientes. Un traslado compulsivo es una muestra de la persecución laboral y la total falta de responsabilidad y negligencia del gobierno provincial”, indicó Bustamante.
Nuria Benítez fue traslada a Resistencia en diciembre, donde se radicó con su pareja asumiendo una responsabilidad de alquiler por dos años y todos los gastos y movimientos que implica un traslado. “No pueden obligarla a los seis meses a volver por no querer aceptar las condiciones de abandono Estatal en la comunidad terapéutica la Eduvigis”, advirtió.
En la última reunión entre Benítez, el sindicato y la subsecretaria de Promoción de la Salud Miriam Machado se comprometió a transferir a Benítez a centro de salud de Villa Río Negro, después indicó que su carga horaria sería repartida en dos centros de salud de Resistencia.
No obstante, luego de unos días comunicó que el Ministerio de Salud, es decir la ministra Mariel Crespo no autorizó el traslado e insiste en castigar a Benítez y enviarla nuevamente al hospital 4 de Junio, de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde hay ochos profesionales, mientras que algunos centros de Salud de Resistencia no cuentan con psiquiatras, aún cuando la demanda es mayor.
En ese encuentro la funcionaria reconoció que en La Eduvigis se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes porque de tener una emergencia no puede llegar ninguna ambulancia a su auxilio, además de afirmar que no están garantizadas las condiciones laborales ni sanitarias en dicha institución. Sin embargo sigue sin haber una respuesta concreta para la psiquiatra
